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El filón de las privatizaciones

Artículos de opinión

Cada vez se hace más evidente el cambio de modelo económico y social que quiere imponer el Partido Popular en nuestro país. Y es que la palabra privatizar se ha hecho muy frecuente en el lenguaje común de prensa y ciudadanos. Raro es el día que no se conoce que el gobierno de España pretende privatizar algún servicio público, eso sí, siempre con la excusa de que esa medida traerá ahorro. Permítanme que dude de tal cosa.

Cuando un servicio público se privatiza, la empresa concesionaria espera, como es lícito y perfectamente lógico, obtener un lucro, una ganancia de esa actividad. Una administración pública no busca ese beneficio económico en la realización de esa actividad, ya que lo que se pretende es ofrecer un servicio necesario, imprescindible en la mayoría de las ocasiones, y que revierte en beneficio de toda la sociedad. Pues bien, si partimos de un mismo presupuesto, la forma de rentabilizar la inversión por parte de la empresa privada viene a ser siempre la misma, y la experiencia lo demuestra: escatimar los recursos para la atención a las personas. Lo hacen disminuyendo  trabajadores (médicos, enfermeras, maestros, etc), rebajando la calidad de los productos ofertados (la comida de algunos hospitales resulta nauseabunda) o provocando unos eternas listas de espera para atender a la gente (listas de espera en hospitales para operaciones de gravedad y que se miden ya en años). Está demostrado, que esa privatización desemboca ineludiblemente en la degradación de la calidad de los servicios y en una pésima atención a los ciudadanos.          

En marcha están ya la privatización de hospitales, entre ellos el hospital de Villarrobledo que tan cerca tenemos, y cuya privatización conllevaría también la de nuestro centro de salud, por corresponder a la misma zona sanitaria. También es sabido las ventajas y medidas de gracia para con escuelas privadas o concertadas, en detrimento de las escuelas públicas, sobre todo las rurales, muchas de las cuales se han cerrado en pueblos vecinos. Ahora también sabemos que las residencias universitarias  pasarán a manos privadas en breve. Incluso el servicio de teleasistencia a las personas mayores, que hasta ahora venía prestando Cruz Roja, será asumido  por una empresa privada.

Es más que evidente que todo aquello que es susceptible de reportar un beneficio se está privatizando, para convertirlo en un negocio. Lo que no, o bien se recorta su presupuesto o simplemente se suprime. Y en ese sentido parece avanzar la reforma de las administraciones locales, otra injusta medida más del gobierno del PP, que pretende dejar sin competencias y sin contenidos a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En nuestra provincia concretamente serían todos menos la capital. Pues bien, en su lugar serían las diputaciones las que asumirían la prestación de los servicios de todos los pueblos, encargándoselos ésta a su vez a distintas empresas privadas, que serían las que finalmente realizarían los servicios que hasta ahora vienen desempeñando los ayuntamientos. Un auténtico despropósito, pues ninguna administración puede conocer mejor las necesidades de sus vecinos que su propio ayuntamiento, dirigido además por representantes elegidos directamente por su voto, y no como ocurre en el caso de las diputaciones.

Y vuelvo a reiterar, por si queda la duda, como en otras ocasiones, que no tengo nada contra la empresa privada, ya que tiene un papel principal en nuestra economía y nuestra sociedad, pero lo que no puedo compartir de ninguna manera es que se haga negocio con las necesidades de la gente, cuando se ha hecho el esfuerzo de cubrir y atender esas necesidades desde el sector público y con el dinero de todos y cada uno de los españoles.

                                                                           Antonio Israel Olmo Castillo

                                                                   Pvoz. Grupo Municipal Socialista

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