Antinucleares piden no derrochar dinero público tras los últimos contratos de Enresa y reclaman más transparencia

Una treintena de personas convocadas por el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuencse se han concentrado este 28 de marzo frente a la sede de Enresa en Madrid en protesta por las últimas adjudicaciones en el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) llevadas a cabo por la empresa que, a su juicio, constituyen «un derroche de dinero público», al tiempo que han solicitado más transparencia.

Uno de los portavoces de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Carlos Villeta, ha denunciado que, «de las seis últimas adjudicaciones, cinco se licitaron por el procedimiento abreviado, y la sexta se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad siendo adjudicada ‘a dedo'».

Este último contrato tiene un importe de 347.027 euros y contempla la ampliación de los trabajos de caracterización en los terrenos del ATC en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) que emitió el CSN en julio de 2015 al informar a favor de los la ubicación del ATC en Villar de Cañas, según la Plataforma. El resto de contratos son de diversos estudios y consultoría, explotación de la red de control piezométrico y el suministro de bombas de muestreo, con importes que van desde los 18.000 a los 49.761 euros.

Según los convocantes de la protesta –a la que también se han sumado otras organizaciones antinucleares como Plataforma por un nuevo Modelo Energético, Foro Extremeño Antinuclear, Ecologistas en Acción y miembros de los partidos Equo y Partido Castellano– hasta la fecha, Enresa ha licitado directamente o mediante convenio con otras instituciones 409,96 millones de euros en el ATC, de los que ha adjudicado 76,01 millones de euros de gasto. El último de los contratos se aprobó el 16 de este mes de marzo.

«Es paradójico que ocurra esto y que tengan tantísima prisa cuando el cementerio está paralizado legalmente por una ley regional. Además no hay ninguno de los permisos necesarios, que son cuatro y no están concedidos. Asimismo, el plan urbanístico también está pendiente de realizarse y el plan de ordenación municipal está anulado por el gobierno regional», ha detallado el portavoz.


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