ASAJA y UPA aseguran que no hay obligación de facilitar alojamiento a los temporeros comunitarios
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, ha dado órdenes a la Inspección de Trabajo y a la Guardia Civil para localizar a los empleadores de los cerca de 150 rumanos que viven en un asentamiento ilegal en Las Pedroñeras y recordarles la obligación de facilitarles un alojamiento. Díaz Cano ha explicado que ayer habló con la alcaldesa de Las Pedroñeras quien, a su vez, ha instado a los propietarios de los terrenos en los que se ubica dicho campamento a tomar las acciones legales oportunas que permitan su desmantelamiento.
ASAJA de Cuenca ya ha respondido a estas declaraciones. Su responsable provincial, Manuel Torrero, ha lamentado que el delegado del Gobierno culpe a los empresarios agrícolas de este asentamiento ilegal y ha recordado que no están obligados a darles alojamiento ya que estas personas son comunitarias y tienen contrato de trabajo. Torrero asegura además que es el propio agricultor el que sufre estos asentamientos.Torrero ha afirmado que los profesionales del sector están cumpliendo «rigurosamente» con la legalidad en cuanto a contrataciones y prevención de riesgos laborales, y que son las administraciones las que deben actuar para acabar con los asentamientos ilegales poniendo los medios necesarios.
