C-LM recurre la reválida de 6ª de Primaria y dice que no la celebrará si el Ministerio no «subsana deficiencias»
La consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Reyes Estévez, ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que regula la reválida de 6º de Primaria. La consejera ha asegurado que, a menos que el Ministerio «subsane todas las deficiencias», en la región no se va a realizar esa prueba que afectaría a más de 20.000 alumnos.
La titular regional de Educación ha indicado que este mismo martes ha remitido al presidente de Senado, Pío García-Escudero, un escrito para que convoque la Comisión General de las comunidades autónomas para que valore la situación de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE).
Así las cosas, la consejera ha dicho que también remitió el pasado 6 de abril una carta al ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, «rogándole» que convoque la Conferencia de Educación, tal y como el propio ministro se había comprometido a celebrar el 5 de abril y que finalmente no se celebró, ante los «graves» problemas que está generando la aplicación de LOMCE.
Por ello, ha dicho que, «ante la ausencia de fecha para celebrar esa conferencia y dada la urgencia de toma de decisiones», este martes ha hecho llegar otro escrito al Ministerio en el que insiste en la necesidad «inexcusable e inaplazable de celebrar esa Conferencia de Educación», recordado que la última vez que tuvo lugar dicha conferencia fue el pasado mes de agosto y en ella no se habló de la reválida.
Las dificultades organizativas y funcionales que la organización de esta prueba va a provocar en los centros, afectando tanto a los alumnos evaluados como al resto, así como la falta de financiación suficiente para llevarla a cabo, y el hecho de sea una prueba que no cuenta con el consenso necesario de las 17 comunidades autónomas, son algunos de los motivos que han llevado al Ejecutivo regional a plantarse frente al Gobierno central, como ya han hecho 12 comunidades, según ha indicado la consejera, que en rueda de prensa ha leído el dictamen del Consejo de Estado del pasado mes de noviembre contra esta prueba, tras analizar el decreto que la regula.
