El Gobierno regional considera que los planes de Tajo, Júcar, Segura y Guadiana “vulneran los intereses” de Castilla-La Mancha

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han comparecido hoy en rueda de prensa para fijar la postura del Gobierno regional en relación al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes mediante el cual se da luz verde a 12 planes hidrológicos, incluidos cuatro en los que Castilla-La Mancha ya se posicionó en contra durante la celebración del Consejo Nacional del Agua a principios del pasado mes de octubre: Tajo, Segura, Júcar y Guadiana.

Elena de la Cruz ha anunciado que la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha es recurrir únicamente estos cuatro planes hidrológicos, aunque tal circunstancia dependerá de que el Real Decreto del Gobierno de España en funciones se publique en el Boletín Oficial del Estado cuenca a cuenca o de manera unitaria.

La consejera ha recalcado que el Gobierno regional en este sentido es “coherente” desde el principio, manifestándose únicamente en contra de aquellos aspectos que considera perjudiciales. En el caso de los cuatro ríos citados, “vamos a recurrir porque pensamos que vulneran los intereses de Castilla-La Mancha y porque perjudican los intereses de los castellano-manchegos”, ha dicho.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido la posición central del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto a los derechos de los agricultores y, en este sentido, ha insistido en que, “para que la agricultura de Castilla-La Mancha sea viable y tenga futuro, tiene que tener acceso al agua” y ha explicado que ese “acceso” tiene que venir a través de los planes hidrológicos de cuenca.

El consejero de Agricultura también ha explicado que “faltan 25,5 hectómetros cúbicos, de los 40 comprometidos por el Gobierno central a los agricultores del Alto Guadiana, y hay que buscar una solución”. En concreto, son 2.000 regantes los que esperan que se resuelvan sus expedientes y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se apuesta por “recuperar el Centro de Intercambio de Derechos de Agua y dotarlo presupuestariamente, como se hizo en otras ocasiones”. Y ha recordado que fue el Gobierno de Cospedal el que disolvió el Consorcio del Alto Guadiana, sin tener en cuenta los intereses de los agricultores de Castilla-La Mancha.

Martínez Arroyo ha instado al Gobierno central a “buscar una solución y desde luego, olvidarse del mercadeo del agua que es lo que propone el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana, es decir, la compra-venta de derechos entre particulares que evidentemente beneficia al que más puede pagar y no al agricultor profesional”.

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