Se aprueba una Oferta de Empleo Público de 1.494 plazas, que mejora la calidad de los servicios públicos
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una Oferta de Empleo Público que asciende a 1.494 plazas, el número máximo permitido por la tasa de reposición de efectivos fijada por el Gobierno central y que se divide en 1.030 plazas para personal sanitario, 274 para Administración General y 190 para personal laboral.
Así lo ha anunciado hoy en una rueda de prensa, junto al portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que esta OEP se enmarca dentro del Plan de Impulso a los Servicios Públicos que anunció el presidente regional, Emiliano García-Page.
Las plazas distribuidas entre los sectores de Sanidad, Administración General y personal laboral, que se suman a las 750 de educación convocadas por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de abril, se dividen en 964 de nuevo ingreso y 530 de promoción interna.
Por sectores, en el ámbito sanitario, del total de 1.030 plazas, 767 corresponden a personal sanitario y 263 a personal de gestión de servicios.
En Administración General, las 274 plazas totales se dividen en 72 del Grupo A1, 102 del Grupo A2, 60 del grupo C1 y, por último, 40 del Grupo C2.
Por su parte, las 190 plazas para personal laboral, corresponden a 124 del Grupo III y 66 del Grupo IV.
Ruiz Molina ha destacado que esta Oferta de Empleo Público contiene “el máximo número de plazas que podía aprobar el Consejo de Gobierno”, ya que no se pueden ofertar más plazas que las permitidas por la tasa de reposición establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que para el ejercicio de 2016 es del cien por cien. Por tanto, ha resaltado, “hemos agotado todas las posibilidades que tenía esta administración para aprobar la Oferta Pública de Empleo».
Una Oferta de Empleo Público que, según ha indicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, satisface cuatro objetivos. En primer lugar, cumple con los compromisos que el Ejecutivo autonómico había adquirido con los ciudadanos y, en este caso, con los empleados públicos.